Miércoles, 01 octubre 2025. En el marco del seminario “Regulación Ambiental en Chile: hacia evidencia para potenciar la inversión”, organizado con el apoyo de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó los resultados del estudio “Uso de inteligencia artificial para la caracterización de la carga regulatoria ambiental de proyectos en desarrollo”. 

El estudio constituye un esfuerzo por organizar y analizar de manera sistemática la información contenida en más de 1.300 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) emitidas entre 2015 y 2024. Hasta ahora, esa información permanecía dispersa en textos extensos, heterogéneos y carentes de estandarización, lo que hacía complejo compararla o auditarla de manera rigurosa. En la práctica, se trataba de un acervo normativo difícil de sistematizar y sin un formato homologable que permitiera análisis consistentes en el tiempo o entre sectores.

Para enfrentar este desafío, el equipo de la CNEP, liderado por el director jurídico de la CNEP, Cristian Romero, desarrolló y aplicó un modelo de Inteligencia Artificial Generativa, con el apoyo del académico Gabriel Weintraub, experto en IA de la Universidad de Stanford. Esta innovación permitió extraer más de 220.000 obligaciones ambientales contenidas en las RCA y organizarlas en una inédita base de datos pública sobre carga la regulatoria en Chile. De este modo, la información dejó de ser un conjunto de documentos con datos dispersos, para transformarse en evidencia estructurada, transparente y útil para el diseño de políticas públicas.

Una década de aumento transversal, con mayor impacto en minería y proyectos pequeños

El estudio muestra que los proyectos de inversión mineros y energéticos han enfrentado una carga regulatoria creciente en los últimos diez años: la cantidad de obligaciones promedio contenidas en las RCA en dichos sectores se multiplicó casi por tres. Mientras en 2015 un proyecto promedio enfrentaba cerca de 90 obligaciones, en 2024 esa cifra llegó a 250, lo que representa un incremento de 176%.

El aumento de la carga regulatoria no fue homogéneo entre sectores. La minería experimentó el mayor salto proporcional, con un alza de 246%, al pasar de 50 a 173 obligaciones en promedio. En generación eléctrica, las exigencias subieron de 104 a 268 (+158%), y en transmisión eléctrica de 92 a 237 (+158%).

También se observaron diferencias según el tamaño de las iniciativas de inversión. Los proyectos pequeños, de menos de 10 millones de dólares, registraron el aumento más pronunciado, pasando de 62 a 200 obligaciones (+223%). En contraste, los proyectos grandes, de más de 100 millones de dólares, subieron de 138 a 301 (+118%). En la práctica, esto significa que hoy una inversión de menor escala enfrenta una cantidad de exigencias mayor al que hace una década se aplicaba solo a los proyectos de gran envergadura.

En conjunto, los resultados evidencian una tendencia transversal al alza, pero con efectos de mayor magnitud en la minería y en las inversiones de menor tamaño, que concentran los más altos incrementos relativos en la carga regulatoria.

¿De dónde proviene este aumento?

El documento establece que el crecimiento no se debe a la dictación de nueva normativa,  sino de la aplicación más intensiva de la ya vigente, así como de un mayor número de obligaciones que surgen de compromisos voluntarios y condiciones ad hoc definidas para los respectivos proyectos. 

En total, se identificaron 146 normativas distintas como fuente de obligaciones ambientales, de las cuales solo un 3,6% corresponde a disposiciones posteriores a 2015. Esto demuestra que la mayor carga regulatoria se originó en un marco regulatorio ya vigente, utilizado de manera más intensa en la última década.

El análisis de la CNEP muestra que cerca de un 40% de las obligaciones que enfrentan los proyectos no proviene de leyes o reglamentos, sino de compromisos voluntarios asumidos por las empresas o de condiciones fijadas caso a caso en cada RCA. Esto convierte a las evaluaciones ambientales en un espacio donde se incorporan exigencias a propósito de las características específicas de los proyectos.

Según el estudio, esta característica estructural del sistema regulatorio introduce cierto grado de flexibilidad en el proceso de evaluación, pero puede incorporar elementos de imprevisibilidad y posibles márgenes de discrecionalidad en la definición de obligaciones. En la práctica, esto significa que no siempre es posible anticipar con claridad qué exigencias se impondrán en futuros procesos de evaluación ambiental, lo que incrementa la incertidumbre y limita la previsibilidad del marco regulatorio para la planificación de nuevas inversiones.

¿Qué tipo de obligaciones predominan?

El estudio también caracterizó la naturaleza de las exigencias impuestas a los proyectos. El 84% corresponde a obligaciones de medios, que establecen no solo el objetivo, sino también la forma específica de cumplirlo, mientras que solo un 16% son obligaciones de resultado, que fijan la meta sin prescribir los métodos. Esto significa que la regulación ambiental chilena se centra en definir cómo deben ejecutarse las acciones, lo que facilita la fiscalización pero incrementa la rigidez y la carga administrativa.

En paralelo, de los 50 Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) definidos en la normativa, son requeridos en más del 60% de los casos analizados: tres vinculados a la gestión de residuos, uno a la subdivisión de suelos rurales y otro asociados al patrimonio arqueológico y paleontológico. Estos trámites recaen principalmente en el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Innovación metodológica y proyección de la inteligencia artificial

La aplicación de Inteligencia Artificial Generativa permitió no solo procesar las RCA, sino también identificar, clasificar y estandarizar cada obligación ambiental, transformando textos heterogéneos en un inventario coherente y comparable en el tiempo. Este nivel de trazabilidad ofrece por primera vez la posibilidad de analizar con precisión el origen, la magnitud y la evolución de la carga regulatoria ambiental.

Un aspecto central del estudio es que los resultados se organizaron en una base de datos pública y auditable en Chile sobre esta materia, lo que asegura que investigadores, instituciones y ciudadanía puedan verificar la información y reutilizarla en nuevos análisis. Con este avance, la información desestructurada contenida en grandes volúmenes de texto puede convertirse en un insumo técnico al servicio de la formulación de políticas públicas.

Los hallazgos estarán disponibles próximamente en un dashboard interactivo en www.cnep.cl, que permitirá a los usuarios explorar los datos de manera sencilla, comparar sectores y proyectos y visualizar la evolución de las obligaciones en el tiempo. Esta herramienta marca un hito en términos de transparencia regulatoria y acceso a la información.

Con este avance como punto de partida, la CNEP analiza ahora la posibilidad de aplicar esta metodología en otros sectores donde existen grandes volúmenes de información normativa no sistematizada. Extender el uso del modelo de inteligencia artificial permitiría ordenar y auditar evidencias regulatorias en ámbitos distintos al ambiental, consolidando nuevas herramientas para fortalecer la calidad regulatoria y respaldar decisiones de política pública basadas en evidencia empírica.