Viernes 8 de mayo, 2026.  Un instrumento técnico que establece una metodología común para que todos los organismos del Estado que evalúan regulaciones, normativas y leyes, lo hagan bajo criterios compartidos, entregó este viernes la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) al gobierno de Chile.

El trabajo denominado “Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones, surge en un contexto donde  la evaluación ex post de las regulaciones se realiza de manera fragmentada entre distintos servicios, con instrumentos que responden a criterios, metodologías y alcances diversos, sin un enfoque común que permita comparar resultados o generar aprendizaje a nivel del Estado.

Durante la actividad de entrega formal de este trabajo, realizada en el Ministerio de Economía, y que reunió a representantes de distintos organismos públicos, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, destacó el trabajo de la CNEP como una referencia que contribuye a la rendición de cuentas. “Se refuerza con esto la confianza en las instituciones, al evidenciar la disposición del Estado a revisar si los objetivos de una regulación se están cumpliendo. No podemos seguir acumulando regulaciones y, muchas veces sobre regulando, sin evaluar si esas normas son efectivas y si los costos asociados se justifican a la luz de los beneficios obtenidos”, afirmó.

“Chile tiene más de 400 mil regulaciones vigentes y nadie —ni el Estado, ni las empresas, ni los ciudadanos— puede procesarlas en su totalidad. Desde el Ministerio de Economía vamos a explorar la creación y entrenamiento del primer agente estatal de inteligencia artificial dedicado a la conciliación normativa. Un sistema capaz de detectar contradicciones, mapear duplicaciones y proponer armonizaciones entre las normas que ya tenemos. No se trata de legislar más, sino de hacer convivir mejor lo que ya está vigente”, agregó.

Por su parte, el presidente de la CNEP, Pablo García, al ahondar en los desafíos que enfrenta Chile para avanzar hacia una revisión sistemática de las leyes, normas y regulaciones una vez implementadas (evaluación ex post), indicó que es fundamental contar con un sistema que permita evaluar el desempeño y resultados de las normas vigentes.

Algunos de los mecanismos vigentes corresponden a la revisión que realiza el Congreso —a través del Departamento de Evaluación de la Ley— sobre la eficacia de leyes seleccionadas, pero con un alcance limitado: desde su creación ha evaluado solo 13 leyes, la última en 2020. A ello se suman estudios regulatorios desarrollados por la CNEP en sectores específicos, que si bien han permitido identificar brechas y oportunidades de mejora, responden a solicitudes puntuales, que no alcanzan a conformar una evaluación estratégica y sistemática para evaluar el funcionamiento de las regulaciones.

Esta situación se da en un contexto en que el ordenamiento jurídico chileno supera las 400 mil normas y cada año incorpora miles de nuevas regulaciones, mientras que la evaluación ex post de las leyes se realiza de manera fragmentada en distintos servicios, con instrumentos que responden a criterios, metodologías y alcances diversos, y que carecen de un enfoque sistemático.

Cabe precisar que los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), que constituyen el principal instrumento de evaluación ex ante en Chile, aún no se han consolidado como una herramienta que permita contrastar de manera sistemática los efectos previstos de una norma con sus resultados ex post. Esto se explica, entre otros factores, porque su cumplimiento es bajo (en promedio, cerca del 21% de los proyectos de ley que requieren un IIR y un 5% de los nuevos decretos, cuentan con este análisis), y además los mecanismos que vinculan los efectos esperados y definidos en los IIR con la evaluación posterior de las regulaciones, están en etapa inicial de implementación.

Destacó además, que si bien este trabajo forma parte de un proceso más amplio de fortalecimiento del Estado y de mejora de las políticas públicas en Chile, aporta una condición habilitante para avanzar hacia evaluaciones regulatorias más sistemáticas, comparables, consistentes y basadas en evidencia en todo el sector público.

Por otra parte, subrayó que  “la calidad de la regulación es una condición básica para el buen funcionamiento del Estado y el desarrollo del país. Tiene un impacto directo en la productividad; incide en los costos de cumplimiento, en los tiempos de inversión, en la competencia, en la capacidad de innovar de las empresas y en sus incentivos a crecer”, indicó.

Un ciclo regulatorio incompleto

El diagnóstico de la CNEP revela que el sistema regulatorio chileno opera con una desconexión profunda entre el diseño de las leyes y su revisión posterior. En este contexto,

se precisa que la evaluación de las regulaciones una vez implementadas (ex post) no puede realizarse de manera independiente de la etapa previa (ex ante), ya que sus resultados dependen directamente de los objetivos definidos en su diseño.

En este marco, los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), que constituyen el principal instrumento de evaluación ex ante en Chile, ha avanzado de manera importante, pero aún no se han consolidado como una herramienta que permita contrastar de manera sistemática los efectos previstos de una norma con sus resultados en la práctica.

Esto se explica, entre otros factores, porque su cumplimiento es bajo: en promedio, de los proyectos de ley y decretos que requieren un IIR,  un 21% de los primeros y un 5% de los segundos, cuenta con dicho análisis. Por otra parte, los mecanismos que permiten vincular los efectos esperados y definidos en los IIR con la evaluación posterior de las normas, se encuentran aún en una etapa inicial de implementación.

Esta baja cobertura, sumada a la falta de una vinculación metódica entre las etapas, mantiene el ciclo de mejora regulatoria incompleto. Sin este hilo conductor, el Estado permanece en una situación de ceguera frente a un acervo de más de 400.000 normas, siendo incapaz de determinar si una regulación debe ser mantenida, modificada o eliminada basándose en evidencia real y no solo en supuestos iniciales.

La guía: cómo evaluar, la condición para que el sistema funcione

En la ocasión, el secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, al presentar los contenidos de este trabajo, reiteró que si bien es prioritario avanzar en los desafíos identificados;  “para consolidar una práctica sistémica de evaluación de las leyes una vez implementadas, es necesario abordar una limitación basal: la ausencia de directrices metodológicas que entreguen y establezcan elementos en común a la hora de evaluar”, afirmó.

Explicó que la Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones se hace cargo de esa necesidad. “Establece un marco común de análisis para que los distintos organismos del Estado evalúen regulaciones bajo criterios compartidos. En concreto, define qué preguntas deben formularse, qué información utilizar y cómo estructurar el proceso. Este marco no es rígido, sino adaptable al tipo de regulación, su impacto y la información disponible, permitiendo ajustar el nivel de profundidad según cada caso. Con ello, busca avanzar hacia evaluaciones comparables, consistentes y basadas en evidencia en todo el sector público.

Subrayó que un aspecto relevante de este instrumento es que fortalece el vínculo con la etapa de diseño (ex ante). En este sentido, explicó que utiliza como punto de partida los objetivos, supuestos e impactos esperados definidos al crear la norma —cuando esa información existe— y, cuando no está disponible, orienta su reconstrucción como parte del análisis. En síntesis,  busca que la evaluación posterior (ex post) “dialogue” con el diseño inicial de la ley (ex ante), y con ello el Estado pueda avanzar hacia un sistema que no solo regula, sino que también es capaz de revisar y aprender de sus propia experiencia como regulador y fiscalizador.

Cabe agregar que además la Guía establece parámetros para analizar si una norma sigue siendo necesaria (pertinencia), si cumple los objetivos para los cuales fue creada (eficacia),

si lo hace sin generar costos excesivos (eficiencia) y si se articula de manera consistente con otras regulaciones (coherencia). Asimismo, propone una metodología estructurada en etapas y herramientas de medición.

En términos operativos, está diseñada para ser utilizada por ministerios, servicios públicos y equipos técnicos del Estado que participan en el diseño, implementación o revisión de regulaciones. Su valor es que permite que distintas instituciones trabajen bajo una lógica compartida, haciendo que las evaluaciones sean comparables, trazables y replicables en el tiempo, algo que hoy no ocurre.

Al concluir la presentación indicó que “en un sistema donde hoy la evaluación es esporádica, no sistemática y fragmentada, este marco metodológico permite, por primera vez, ordenar una práctica que hasta ahora ha dependido de esfuerzos aislados”.