Pese a que Chile es el país con mayor porcentaje de personas que usa internet en América Latina, al compararlo con países OCDE, está rezagado en utilizar dicha tecnología con fines productivos. La mayoría ocupa la red para comunicarse o entretenerse.

Al estimar el impacto del uso de internet en las micro y pequeñas empresas (MIPES),  la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) advierte que se asocia a mejoras de un 5,6% en la productividad laboral (en promedio).

Las barreras más relevantes en Chile relativas al uso, se asocian al capital humano. En efecto, la brecha de profesionales en tecnologías de la información y comunicación (TIC) llega a casi 5.000 personas por año, y el 40 % de la población ocupada, declara que necesita mayor capacitación. Sin embargo, los datos muestran que solo 76.840 personas al año (en promedio) llegan a instruirse.

En este sentido, se calcula que se requerirían cerca de 48 años, sólo para cubrir la población que declara mayores necesidades de formación en habilidades digitales en 2022.

Mientras, en el plano escolar, el currículo de Chile no contempla explícitamente el desarrollo de conocimientos, ni habilidades intermedias y/o avanzadas en TIC y existe solo un profesor de tecnología o computación por cada 204 establecimientos.

En cuanto a la brecha de calidad de internet, (que se define principalmente en base a la velocidad de banda ancha y la continuidad del servicio), Chile refleja dos realidades. Por un lado es el segundo país a nivel  mundial en cuanto a la velocidad de descarga de red fija, y por otra parte, presenta severa inequidad territorial. Bajar información desde la red fija en regiones con menor velocidad, es 4 veces más lento que hacerlo desde otras con mayor velocidad.

Otro indicador relevante del nivel de calidad  es la continuidad del servicio. En Chile, entre 2018 y 2021, el número de interrupciones masivas, se incrementó en un 151,4%. El mantenimiento fue la principal causa y aún está pendiente que se dicte un plan de acción.

Estimaciones de la CNEP muestran que si las interrupciones ocurridas solo durante 2021 afectasen al 10 % de las empresas y hogares del país, el costo sería de $113.700 millones, equivalente a cerca de un 0,1% del PIB.