Jueves, 13 de noviembre, 2025. Al intervenir en la “Reunión Ministerial sobre Productividad e Informalidad”, realizada recientemente en Lima y organizada por el Foro Global de Productividad (GFP) de la OCDE, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Rodrigo Krell, ahondó en la necesidad de repensar estrategias frente a la informalidad en América Latina y de abordar el fenómeno desde una mirada multidimensional. 

Al formar parte del panel “Informality and Productivity – Breaking the Low-Growth Trap”, precisó que “en Chile la informalidad laboral, afecta a cerca de una cuarta parte de los trabajadores —equivalente a 2,5 millones de personas—, la mayoría de los cuales trabaja en alguno de los 1,2 millones de emprendimientos informales. 

Al precisar que el crecimiento de la productividad, en sí mismo, es una de las políticas más eficaces contra la informalidad, detalló que en Chile, un aumento hipotético de 1% en la productividad del sector formal se asocia —según las estimaciones— con una menor informalidad: 2,5% en el trabajo por cuenta propia y 1,7% en el asalariado. “En otras palabras, el aumento de la productividad crea el espacio para la formalización”, indicó. 

Respecto de la decisión de una empresa de mantenerse en la informalidad, explicó que en no depende únicamente de su nivel de productividad, sino también del equilibrio entre los costos de formalizarse, el riesgo de fiscalización y los beneficios que ofrece incorporarse a la formalidad. Al respecto, precisó que en Chile la combinación de dichos factores —productividad, costos, riesgos y beneficios— da origen a tres tipos de empresas informales: “el primero, que representa cerca del 60 %, corresponde a actividades de muy baja productividad, en su mayoría casos de autoempleo precario que, de verse obligados a formalizarse, dejarían de operar; un segundo grupo, que abarca aproximadamente el 35 %, está compuesto por negocios viables que optan por mantenerse informales porque les resulta más rentable en contextos de débil fiscalización —el segmento conocido como los “oportunistas”—; y un tercero, que representa entre un 5 % y un 6 %, incluye a empresas productivas que enfrentan restricciones derivadas de regulaciones excesivas o mal diseñadas”, detalló.

Advirtió que las diferencias en productividad y condiciones de las empresas informales, son factores clave: “muestran que el diseño de políticas públicas para reducir la informalidad, deben adaptarse a dicha heterogeneidad, y contemplar criterios de focalización, secuenciación y complementariedad”, puntualizó.

En torno a la focalización, explicó que este principio parte del reconocimiento que las empresas informales son diversas en productividad, tamaño y capacidad, por lo que las políticas deben adaptarse a cada realidad: “un enfoque único, aplicado a todos por igual, con las mismas herramientas, termina siendo ineficaz y de corto alcance”, subrayó.

Respecto a la secuenciación, precisó que “supone aplicar las medidas en un orden que genere resultados sostenibles: fortalecer primero la productividad —a través de capacitación, innovación o acceso al financiamiento— antes o junto con una fiscalización focalizada, de modo que las empresas cuenten con las condiciones necesarias para formalizarse, puede generar un impacto real. Este enfoque, no solo busca  coordinar tiempos, sino construir las bases económicas e institucionales que hagan que la aplicación de la ley sea efectiva y socialmente sostenible”.

En cuanto al principio de  complementariedad, destacó que implica asegurar la coherencia entre las políticas económicas, laborales y regulatorias, de manera que se refuercen mutuamente. “Necesitamos políticas públicas que atraigan a las personas hacia el empleo formal, más que castigar la informalidad, y en este punto, la flexibilidad puede ser un elemento relevante”, detalló.

Rol institucional  de la CNEP

En el marco de esta cita —que reunió a ministros de Estado, economistas y representantes de organismos internacionales, entre ellos el presidente de Perú, José Enrique Jerí Oré; la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann—, Rodrigo Krell también se refirió a la trayectoria y rol institucional que ha tenido la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) en sus 10 años de existencia.

Al respecto, precisó que la entidad fue creada en un contexto en que el crecimiento, impulsado durante años por la inversión asociada al auge del cobre, comenzaba a perder fuerza y la productividad mostraba casi una década de estancamiento.

“Para países como Chile, que ya han implementado reformas macroeconómicas y estructurales, pero que empiezan a experimentar rendimientos decrecientes, una Comisión de Productividad puede desempeñar un papel positivo (…). En este sentido, una entidad como la nuestra, puede ayudar a mantener vivo el impulso reformista al proporcionar un espacio independiente y con sólidos fundamentos técnicos para el debate sobre políticas. Su mayor activo es la credibilidad. Cuando la evidencia se percibe como imparcial, puede circular más allá de las ideologías políticas. La independencia no es solo un principio ético; es lo que hace útil a la institución”, concluyó.